En los últimos años la economía circular se ha convertido en una prioridad en las políticas de la UE, plasmada en un amplio marco regulatorio ambiental que afecta a las empresas y profesionales que intervienen en la cadena de valor del residuo: productores, transportistas, gestores, agentes y negociantes de residuos.
Estas entidades se enfrentan al gran reto de controlar de manera exhaustiva los residuos que generan, desde su origen hasta su tratamiento final. Con esta nueva Ley, que supone el mayor cambio de legislación de residuos de los últimos años, la normativa de residuos española se adapta a los objetivos derivados de las directivas comunitarias para avanzar en una política de residuos que, aplicando de manera rigurosa el principio de jerarquía, contribuya a una mayor sostenibilidad y a la implantación de modelos económicos circulares.
Entre sus cambios, podemos encontrar derogaciones de leyes anteriores como la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados; actualizaciones de definiciones como la de “recogida de residuos”, descrita como “operación consistente en el acopio, la clasificación y almacenamiento iniciales de residuos, de manera profesional, con el objeto de transportarlos posteriormente a una instalación de tratamiento” o actualización de las actividades de valorización y eliminación.
